En la actualidad la sostenibilidad ha permeado todos los aspectos de la vida personal y empresarial, tanto que comenzamos a hablar de finanzas sostenibles, las cuales consisten en la revisión juiciosa y minuciosa de dónde se harán inversiones de capital.

Para estas definiciones los intermediarios financieros se encargan de auditar las prácticas sociales y ambientales del proyecto solicitante del dinero para constatar que estas cumplan con estándares de sostenibilidad, protección al entorno y respeto y crecimiento de las comunidades involucradas en él. Igualmente se contempla la existencia de políticas o sistemas de buen gobierno corporativo.

En los criterios ambientales se revisan políticas para el cambio climático, implementación de reducción de consumo energético o aprovisionamiento por fuentes no convencionales y renovables, reducción de emisiones, protección de zonas forestales, gestión responsable del agua y en general un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente y la implementación y difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Por los criterios sociales se revisan políticas de igualdad, protección de los derechos humanos, gestión responsable de la cadena de producción y distribución, eliminación de toda forma de trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y otros aspectos contemplados en el Pacto Mundial.

En prácticas de buen gobierno se analizan temas como el trabajo por eliminar la corrupción, la evasión de impuestos, transparencia y pertinencia y oportunidad en la difusión de la información y el relacionamiento general con los grupos de interés de la empresa.

Adicionalmente, existen distintas iniciativas globales como el Dow Jones Sustainability Index y locales en cabeza de la Bolsa de Valores de Colombia, que se encargan de verificar y reconocer a las empresas que cumplen con estándares de responsabilidad corporativa y así ofrecer información veraz y oportuna a los posibles inversionistas, lo que les ayuda a tomar decisiones frente al apoyo de proyectos.